Telecomunicaciones24.09.2014(0)
La licitación de 4G armada para juntar 2000 millones de dólares está a punto de fracasar
LPOEs por las severas exigencias que impusieron para poder recaudar u$s2 mil millones. Los principales obstáculos.

La Cámpora está a punto de sumar un nuevo fracaso a su extensa lista. La festejada licitación del espectro de 4G podría terminar en un nuevo traspié, debido a las exageradas exigencias que planteó la Secretaría de Comunicaciones con el único objetivo de juntar dólares.

Después de la apertura de los sobres y del anuncio de que Claro, Movistar, Personal y Arlink (del grupo Vila-Manzano) son las empresas que están en condiciones de participar de la subasta, ahora el Gobierno está a la espera de que cumplan el siguiente paso y se comprometan a desembolsar 500 millones de dólares cada una. La subasta será el 31 de octubre y se asignarían las bandas.

Pero no todo es tan sencillo. Las empresas objetan varias de las exigencias que hizo el camporista Norberto Berner y algunas no estarían en condiciones de presentarse a la subasta.

Es que el Gobierno armó toda la licitación con un criterio meramente recaudador de dólares, buscando un paliativo a la feroz caída de las reservas. De hecho, la principal exigencia fue que los 500 millones de dólares a pagar deben ser aportados por las casas matrices en el exterior o con bonos en dólares a pagar como máximo en 2015.

Pero el número final que estimaron los camporistas por los distintos rubros que ingresarían al país con esta licitación -y que l.e anunciaron a Cristina, es de 1966 millones de dólares

Los operadores locales no tienen fácil las negociaciones con sus casas matrices para conseguir esos dólares. Es que al mismo tiempo que se les exige que traigan esos dólares, las empresas tienen en el país miles de millones de pesos de ganancias que no pueden girar al exterior. Por lo tanto, creen casi imposible que se los autoricen.

Ese punto derivó en la primera impugnación del proceso. El Grupo Clarín, que intentó presentarse a través de Cablevisión, consideró que esa exigencia es imposible de cumplir para las empresas nacionales y, por tanto, está afectado el derecho de igualdad. En el caso de Vila-Manzano, el resto de los participantes de la licitación sospecha que le permitieron pagar la seña (de 20 millones de dólares) en pesos.

La segunda impugnación administrativa de Clarín es porque el remanente de 3G que también va a licitación se lo dan a las operadoras que ya están trabajando, por lo tanto considera que no hay competencia abierta sino un reparto entre los actores con presencia en el mercado. En el Grupo, no descartan que después de la impugnación administrativa, siga una judicial.

Las restricciones al dólar también hacen dudar a los empresarios sobre lo que sucederá cuando deban empezar a invertir en la infraestructura. Es que actualmente tienen equipos para mejorar las redes que no pueden ser ingresados al país porque el Gobierno no los autoriza. Temen que la recesión, el default y la falta de dólares terminen derivando en que a futuro no les permitan importar la tecnología para el 4G, aunque lo hayan prometido.

Las falencias de la licitación

Más allá de las impugnaciones, los obstáculos más importantes para las empresas son los operativos. Y no se trata sólo del desembolso de 500 millones de dólares sino también de falencias que tiene la licitación como el plazo de uso de las bandas que es de apenas 15 años. Las firmas creen que si a la inversión inicial se le suma lo que deberán poner para infraestructura, el plazo es muy escaso.

Además, las empresas no tienen claro a partir de cuándo comenzarán a correr esos quince años, si desde que serán otorgadas o desde el momento en que efectivamente pueden empezar a explotarlos. Además, hay bandas que están en conflicto como las que tiene que desalojar Telecentro y que todavía no tienen resolución judicial.

Otra exigencia que las empresas cuestionan es la que establece que todas las ciudades deberán tener cobertura de las cuatro operadoras, algo que consideran ridículo e inviable desde el punto de vista económico. En general, lo que hacen las empresas es “prestarse” las redes en localidades donde no es necesario que todas tengan cobertura.

Todas estas cuestiones hicieron que las compañías -especialmente Movistar, muy incisiva- realizaran varios cuestionamientos a la Secretaría de Comunicaciones. Pero en todos los casos la oficina de Berner les respondió que se remitan al pliego. Es decir, no aclaró nada.

El caso Telecom

Un problema adicional que podría tener el proceso es la posible impugnación a la participación de Personal (la operadora de Telecom), si es que el Gobierno sigue trabando la venta de Telecom Argentina al grupo Fintech, del empresario mexicano David Martínez.

Como explicó LPO, en la anterior licitación de 3G, que quedó desierta, el Gobierno excluyó a Personal debido a que Telefónica de España (dueña de Movistar) había comprado a Telecom Italia, y por tanto había una situación monopólica. Es por eso que los italianos decidieron vender su filial argentina.

Pero a casi un año de que Telecom Italia confirmó la venta de su filial argentina a Fintech, el Gobierno de Cristina Kirchner sigue trabando la aprobación de la operación. Mañana, se vence el plazo varias veces prorrogado para concretar la operación y hay incertidumbre sobre si habrá una nueva prórroga o se caerá.

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