Corrupción 05.10.2017(0)
Piden embargar bienes de Cristina, De Vido, José López y Lázaro Báez
Se lo solicitó el fiscal Pollicita al juez Ercolini. Apuntan a los bienes que la ex presidenta le cedió a sus hijos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy al juez Julián Ercolini los embargos de todas las propiedades que la ex presidenta Cristina Kirchner le cedió a sus hijos y también los bienes del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y del empresario Lázaro Báez, entre otros.

El planteo de Pollicita y su colega Ignacio Mahiques fue hecho en el marco de la causa de la obra pública, en la que la ex presidenta, que esta tarde se reunió con el intendente de Hurlingham Juan Zabaleta (respaldó a Florencio Randazzo en las primarias), está acusada de haber encabezado una asociación ilícita que administró dinero estatal de manera fraudulenta, y por la que está a punto de ser enviada a juicio oral.

Semanas atrás la Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos por 10 mil millones de pesos a cada uno de los principales responsables de esa supuesta organización, y se les había dictado una inhibición general de bienes. "Pero es necesario tener presente que la maniobra investigada en autos ha irrogado un perjuicio millonario al Estado Nacional, que se asienta principalmente en los superlativos costos que el Tesoro Nacional debió afrontar debido a las estrategias de concurrencia múltiple y los reiterados atrasos y modificaciones de precios", dijo la fiscalía.

Según el dictamen el pedido se realiza para "evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar".

Frente a ello, entonces, se reclamó que se "disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática".

Incluso, se pidió abrir "las cajas de seguridad franjadas" para hacer un inventario, secuestrar su contenido y embargar de manera inmediata "aquellos bienes de valor pecuniario que se encontraren en su interior", con el fin de "profundizar la investigación patrimonial y conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar".

Es que "con el fin de hacer cumplir las obligaciones internacionales que asumió nuestro país en materia de delitos vinculados a la criminalidad compleja con la firma, aprobación y ratificación de diversos instrumentos internacionales, a continuación se desarrollará la afectación concreta de embargo de 145 inmuebles, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones en 11 sociedades de quienes han sido procesados y su situación procesal ha sido confirmada", reseñaron los fiscales.

Reclamaron que a Cristina Fernández se le embarguen 25 inmuebles cedidos a Florencia y Máximo Kirchner; dinero en efectivo derivado a Florencia (que estaba en la caja de seguridad del Banco Galicia), un automóvil destinado a ambos -marca Honda Modelo CRV-, y acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, también para los dos hijos.

Además, Pollicita apuntó a 81 inmuebles y porcentajes de inmuebles de Lázaro Báez -preso por la causa "ruta del dinero K"- y cuatro automóviles, entre los que hay un BMW y acciones de las empresas Austral Construcciones y Kank & Costilla, entre otros.

Para De Vido, en tanto, se pidió embargar el 50 por ciento de un inmueble y dos autos, mientras que sobre José López -detenido por enriquecimiento ilícito- se apuntó a siete inmuebles -cinco en Santa Cruz y dos en Tucumán-, un bote a motor y un auto.

El Ministerio Público también reclamó el embargo de bienes de Santiago Kirchner, primo del fallecido presidente y a cargo de Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación: ocho inmuebles, una lancha, siete autos y diez "productos bancarios", entre cuentas y cajas de ahorro.

La lista incluye también a otros funcionarios de menor rango de la DNV de Santa Cruz y de los ex titulares de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que habían sido procesados.

"El estadio actual de esta pesquisa en relación a los acusados -respecto de quienes se ha dictado su procesamiento, decisión que ha sido confirmada por la Cámara Federal- exhibe un grado de conocimiento sobre la maniobra y su responsabilidad penal que justifica la adopción de las medidas propuestas", agregaron los fiscales.

Además, pidieron que se decrete "la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar respecto de Austral Construcciones SA, Kank & Costilla SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Gotti SA y Sucesión de Adelmo Biancalani SA, como así también de la empresa K-Sanc SA", y que se convoque "personalmente a quienes se encuentran procesados para que informen sobre los bienes que pueden afectarse al embargo". 

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